En mayo de 2014, se actualizó la Ley General de Educación para prohibir la venta de comida chatarra en escuelas primarias, las cuales solo podían ofrecer productos naturales. A excepción de los viernes, donde los niños podían acceder a todo tipo de alimentos, tal como quedó publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Un año después, la Ley General de Salud prohibió la publicidad de estos alimentos y bebidas en escuelas de nivel básico, como lo confirma el decreto aprobado y difundido por el Congreso.

A pesar de estos esfuerzos y la legalidad establecida para evitar su consumo, en noviembre de 2016, hasta 94% de las escuelas primarias y secundarias en el país vendían comida chatarra todos los días y en el 68% de los planteles se podían comprar refrescos no dietéticos, según los resultados de una muestra de mil 170 escuelas del país, contó El Universal.

En un esfuerzo más, en octubre de 2019, el Senado aprobó la ley de etiquetado para comida chatarra, con el objetivo de que los consumidores tomen decisiones informadas respecto a su alimentación. Para ello, la Nueva Norma Oficial 51 precisaba que las etiquetas y/o contraetiquetas de los productos tendrían que incluir información nutricional veraz, sencilla, de fácil comprensión y visible. La legislación quedó publicada en el DOF en marzo de este año.

La Unicef felicitó a México por esta medida porque "contempla la evidencia científica más actualizada y relevante, por lo que podría incluso convertirse en un ejemplo para otros países que atraviesan este proceso de lucha contra el sobrepeso y la obesidad," expresó en un comunicado Christian Skoog, representante del organismo en México.

A principios de agosto, el Congreso del sureño estado de Oaxaca aprobó la prohibición de la venta de comida chatarra y refrescos a menores de edad. Días después, Tabasco -en el sureste del país- se convirtió en la segunda entidad en impedir el comercio de estos productos. El impulso provocó una reacción en varios estados y legisladores para plantear acciones similares.

Como parte de los actores políticos que han levantado la voz respecto a esta nueva ola, Salomón Jara Cruz, senador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), señaló que presentaría una iniciativa para prohibir la venta de estos productos chatarra y de bebidas de alto contenido calórico a personas menores de 18 años en todo el país al modificar la Ley General de Salud y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Por su parte, el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Raúl Paz Alonzo, propuso hacer lo mismo y compartió su “Iniciativa por un México sano”, en la que también incluía la prohibición de “la publicidad actual de alimentos empaquetados de alto contenido calórico y de bebidas azucaradas”.

Asimismo, cuando el diputado de Morena, Miguel Macedo Escartín, presentó la iniciativa en este tema en el Congreso de la Ciudad de México -que considera a la comida chatarra como delito contra la salud-, la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum Pardo, dio su visto bueno a la prohibición, según lo publicado por El Sol del Centro.

Por si se necesitara más respaldo, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell -cara de México en su lucha contra el coronavirus- celebró en un tuit “que en el Poder Legislativo promuevan iniciativas para gravar productos no saludables; al inhibir el deseo de consumirlos, se volverá un beneficio para la salud pública”. El funcionario tuvo que salir a aclarar que no quería influir en las decisiones de los congresos.

Se espera que el debate se extienda en distintos congresos de todo el país, durante las próximas semanas. 

El impacto del coronavirus ha agudizado el escrutinio sobre el consumo de este tipo de productos en México. A finales de julio, la secretaría de Salud informó que de las más de 41,000 personas que habían fallecido hasta el momento, el 73% padecía al menos de una de estas enfermedades: obesidad, diabetes e hipertensión, según reportó el portal Animal Político.

Además, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición publicada en 2018, el 39% de los menores de edad en el país padecen de sobrepeso y obesidad, factor que se agudiza en los mayores de 20 años alcanzando un 76.8% en mujeres y un 73% en hombres.

En marzo pasado, la UNICEF advirtió que la obesidad infantil en el país era una emergencia de salud pública que requiere cambios inmediatos para evitar que afecte el crecimiento y el desarrollo de los niños.

De acuerdo con la organización, México es el mayor consumidor en América Latina de productos ultra procesados, incluidas las bebidas azucaradas, recordando que los niños en edad preescolar consumen más del 40% de sus calorías de esta manera y que un tercio de los infantes y adolescentes mexicanos tienen sobrepeso u obesidad.

De manera tajante, el organismo dejó claro que “la alta exposición a alimentos ultraprocesados en hogares, escuelas y mercados, conducen a un ambiente poco saludable que promueve la obesidad y afecta a millones de ciudadanos”.

Por si fuera poco, especialistas de la Alianza por la Salud Alimentaria aseguran que el consumo de bebidas azucaradas propicia más de 40,000 muertes al año, según informó el propio gobierno federal.

Durante una de las conferencias diarias del gobierno federal sobre el coronavirus, Juan Ángel Rivera Dommarco, director general del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), precisó que “si queremos heredarle a nuestros hijos y nietos un país donde seamos más saludables y (…) que la siguiente generación sea una generación de mexicanas y mexicanos que sean sanos, el único camino para lograrlo es la adopción de una alimentación saludable y sostenible”. 

El enfoque de salud de la prohibición de comida chatarra y bebidas azucaradas se ha encontrado con la resistencia empresarial de una industria que se niega a ceder terreno tras el impacto sufrido por la pandemia y asegura que achacarles todos los males a sus productos no solucionará el problema de fondo.

Tras la iniciativa oaxaqueña, una docena de empresarios del estado afiliados a la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) lamentó la implementación de esta ley al asegurar que la medida dañaba de manera considerable sus ingresos, golpeando a numerosas economías familiares y que no significaba una solución integral a la problemática que aqueja al país.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de esta alianza, advirtió en entrevista con Milenio sobre el cierre del 20% de tiendas de abarrotes en todo el país, debido a las medidas federales y estatales sobre la prohibición de estos productos como un incremento de impuestos y la entrada en vigor del nuevo etiquetado de advertencias para el próximo octubre.

Por su parte, la Coparmex ya había advertido hace unas semanas que prohibir comida chatarra y bebidas azucaradas a menores de edad afectaba la libertad de comercio en el país.

En referencia a lo sucedido en Oaxaca, la confederación aseguró en un comunicado que la implementación de estas medidas tendría “efectos económicos graves (…) principalmente a los sectores más desfavorecidos de la población, sobre todo aquellos que viven del comercio”.

Además, lamentó que con esto se estén generando estereotipos contra estos productos que contienen azúcar, grasa y sodio, ingredientes que “se usan todos los días en los hogares mexicanos y el 70% se consume en la mesa de las familias del país”.

Por último, solicitó a las autoridades gubernamentales promover una estrategia integral con los empresarios “que promueva un diálogo con los distintos sectores económicos y sociales del país, para construir un proyecto que beneficie y proteja a la niñez, sin afectar la economía de nuestro país”.

De acuerdo con las actas de las reuniones de la Organización Mundial del Comercio en mayo pasado, Estados Unidos, Canadá, Suiza y la Unión Europea, hogares de varias de las empresas de alimentos procesados, han presionado a México para que retrase o interrumpa su enfoque de salud pública sobre estos productos, de acuerdo con Reuters.

Conscientes de que México es el mayor consumidor de alimentos procesados ​​en América Latina y el cuarto más grande del mundo, la delegación suiza -por ejemplo- mostró su preocupación por los cambios en los requisitos de la nueva norma de etiquetados porque presentarán serias dificultades “en un momento en que los productores, importadores y minoristas están tratando de asegurar el suministro ininterrumpido de alimentos y bebidas al mercado mexicano”.

Por su parte, tanto Estados Unidos, Canadá como la Unión Europea, a pesar de que apoyan la medida desde el punto de vista de salud pública, solicitaron al gobierno mexicano una prórroga en la implementación de esta medida, entre uno y dos años.