Kilmar Ábrego García viajó de El Salvador a Estados Unidos cuando apenas tenía 16 años. Según los documentos del caso, la familia era dueña de un negocio de pupusas y había recibido amenazas de muerte por parte de pandilleros de Barrio 18: "La pandilla usó a Ábrego García como un peón en sus extorsiones, exigiéndole a su madre que se los entregara o los matarían a todos".
La familia intentó huir de estas amenazas. Se mudó tres veces dentro del país, pero siempre los encontraban. "Para proteger a Ábrego García, finalmente lo enviaron a EEUU a vivir en Maryland con su hermano mayor, un ciudadano estadounidense".
Desde entonces, había permanecido en ese estado.
En ese arresto, la Policía le preguntó si tenía nexos con alguna pandilla, pero él lo negó: "Le dijeron que no le creían y le insistieron en que diera información de otros pandilleros (...) Le dijeron que lo iban a liberar si colaboraba pero él insistió en que no tenía ninguna información que darles porque no sabía nada".
En lugar de liberarlo, es entregado en custodia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
DHS pide que el salvadoreño permanezca en custodia de las autoridades federales de inmigración mientras se resuelven sus peticiones. Su argumento principal para mantenerlo detenido era la presunción de que Ábrego García era miembro de la pandilla MS-13, una acusación sin pruebas que había sido hecha por una sola persona.
El documento de la corte asegura que las únicas evidencias presentadas en contra del salvadoreño eran que usaba una gorra y un hoodie del equipo de baloncesto Chicago Bulls, y una "acusación vaga, no corroborada, de un informante confidencial que decía que él pertenecía a una clica de la MS-13 del oeste y que estaba en Nueva York". Sin embargo, aseguran los abogados en el documento, que él nunca vivió en esa ciudad.
El juez concede a DHS la petición de mantenerlo detenido y la medida es ratificada por la Junta de Apelaciones de Inmigración.
"Por ley, una protección de deportación prohíbe a DHS regresar a un extranjero a un país específico en el que enfrenta una clara probabilidad de persecución. En el caso de Ábrego García, el juez de inmigración concluyó que era elegible para esa protección porque la pandilla Barrio 18 había estado amenazándolo de muerte por el negocio de pupusas de su familia".
DHS nunca apela esta decisión.
Lo trasladaron a una instalación de ICE en Baltimore, Maryland.
Ese día logró hablar con su esposa, Jennifer Vásquez Sura, cuando aún estaba detenido en Baltimore. En esa conversación, le dijo que estaba siendo interrogado sobre su filiación con alguna pandilla. Él lo negó de forma insistente. Dijo que le mostraron fotos de él en público y le preguntaron quiénes eran las personas que le rodeaban. No pudo proveer ninguna información al respecto porque no los conocía.
Le contó que vería a un juez de inmigración y que sería liberado, pero eso no pasó.
Le explicó que le habían asegurado que vería a un juez de inmigración.
En un intento por saber cuál era la ubicación de su esposo, los documentos relatan que Jennifer Vásquez Sura llamó a varios centros de detención: "Ella recuerda una breve conversación en la que le dijeron que 'El Salvador lo estaba pidiendo'".
Alrededor de las 11 de la mañana, su esposa recibió la última llamada de Ábrego García. Le dijo que se encontraba en el centro de detención East Hidalgo en La Villa, Texas.
"Ábrego García le relató que le informaron que lo deportarían a El Salvador. Con urgencia, le pidió a su esposa que contactara a su madre para que su familia pudiera sacarlo del Cecot, ya que le dijeron que lo enviarían allí", se lee en uno de los documentos de corte.
"Sin aviso, sin proceso legal, sin audiencia ante un juez de inmigración", ICE lo transporta al Centro de Confinamiento para el Terrorismo.
En los documentos de corte, sus abogados aseguran que no había base legal ni para su arresto ni para su deportación. Explican que tampoco había evidencia que pudiera sugerir que él debía responder a la justicia salvadoreña por algún crimen.
Desde entonces, ni su esposa ni sus abogados han tenido comunicación con este salvadoreño.
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Los periodistas en la sala le consultaron sobre la evidencia que tenía para hacer tal aseveración. Ella respondió: "Hay mucha evidencia. El Departamento de Seguridad Nacional y ICE tienen esa evidencia, la vi esta mañana".
La vocera de DHS, Tricia McLaughlin, dijo a CNN ese día que al ser considerado como miembro de la MS-13, de cualquier manera iba a estar detenido en El Salvador o en Estados Unidos.
Los abogados de Ábrego García desmienten estas acusaciones.
Ese día, el abogado del gobierno admitió que Ábrego García no debió haber sido deportado.
La Corte revisita la orden de la Corte de Distrito de Maryland y defiende que el gobierno corrija el error —que admitió— de haber enviado a Ábrego García a El Salvador. Insta a que se facilite su regreso, al estar en custodia de Estados Unidos.
Tras esta orden, la jueza de la Corte de Distrito de Maryland exige al gobierno de Trump que le dé reportes diarios de la condición del salvadoreño y de los esfuerzos que hace el gobierno para traerlo de regreso a Estados Unidos. En el primero, el gobierno confirmó brevemente que Ábrego García estaba en el Cecot y que estaba bien.
"¿Cómo lo devuelvo a Estados Unidos? ¿Lo trafico hacia Estados Unidos? Por supuesto que no voy a hacerlo. La pregunta es absurda. ¿Cómo puedo traficar a un terrorista hacia Estados Unidos? No tengo el poder de regresarlo a Estados Unidos", respondió al asegurar que tampoco podría liberarlo en su país.
Prosiguió a la intervención de la fiscal general Pam Bondi, quien insistió en las acusaciones infundadas de que Ábrego García fue identificado en 2019 como miembro de la pandilla MS-13.
Bondi dijo además que Ábrego García está en custodia de El Salvador, "así que queda de este país si quieren regresarlo". Si El Salvador acepta regresarlo, dijo, "facilitaremos su regreso". Y con eso se refería a "proveer un avión".
Pero el asesor de Trump, Stephen Miller, también en la reunión, aseveró —sin evidencias— este lunes que una vez que Ábrego García fue identificado como miembro de la MS-13 no puede calificar para ningún beneficio migratorio. Al criticar la orden de la Corte de Distrito de Maryland, que pidió el regreso del salvadoreño y catalogó como "ilegal" la deportación, argumentó que la expulsión de Ábrego García "era válida" por ser miembro de la MS-13, una pandilla designada como "organización terrorista".
En un documento presentado ante la Corte de Distrito de Maryland, los abogados del salvadoreño rebaten las declaraciones dadas en la Casa Blanca.
Explican que la Corte Suprema les ordenó "facilitar" la liberación de Kilmar Ábrego García de su custodia en El Salvador y que el caso debe ser manejado como si Ábrego no estuviera en ese país.
"Para darle valor a la orden de la Corte Suprema, el gobierno debería al menos estar obligado a solicitar la liberación de Ábrego García. Hasta la fecha, no lo ha hecho", se lee en el documento.
Aseguran que contrario a las aseveraciones dadas por funcionarios en la Casa Blanca, el gobierno tiene responsabilidades con los detenidos en prisiones contratadas por EEUU fuera de su territorio, como el Cecot: "La propia política de ICE exige que los supervisores del Departamento de Seguridad Nacional se coordinen plenamente a nivel internacional para facilitar el regreso de las personas expulsadas".
Los abogados del gobierno insisten en que el salvadoreño está en custodia de El Salvador y que no tienen la autoridad "para extraer por la fuerza a un extranjero en custodia doméstica" de otra nación. Sin embargo, dice que si se presenta en un puerto de entrada, será detenido por DHS, que puede expulsarlo a un tercer país o quitarle la protección de la deportación conferida en 2019 porque, aseveran sin pruebas, es miembro de la MS-13.