Carlos Flores Alcocer fue nombrado por el entonces presidente Vicente Fox Quezada como embajador de México ante la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) con sede en París, Francia. Pasaron cinco meses de aquel nombramiento cuando un escándalo se desató por la compra de una casa, colchones y unas almohadas.
Flores Alcocer, que no tenía experiencia diplomática, fue removido de su cargo en enero de 2004 antes de que concluyera una auditoria practicada por la compra de una residencia de lujo en el exclusivo barrio de Le Vèsinet, por la que se pagó más de un millón de euros, (unos 1.3 millones de dólares).
El embajador Flores aprovechó la operación para adquirir enseres domésticos con un valor de 54,405 dólares, entre ellos la compra de seis colchones y siete almohadas que superaron los 14,400 dólares, según lo documentó la revista Proceso.
El embajador divulgó una carta el 13 de enero en donde pidió disculpas al pueblo de México y dijo: “Ante la situación actual que vive nuestro país y en concordancia con la austeridad presupuestal del gobierno federal, he decidido asumir los costos de los colchones que fueron adquiridos”.
Fue entre 2007 y 2016 cuando la embajada de México ante el Reino de Arabia Saudita cumplía con una doble misión: servir de expendio clandestino de bebidas alcohólicas en un país donde la Ley Islámica penaliza su tráfico y consumo.
Las botellas, que eran adquiridas a un precio no mayor a 20 dólares, eran revendidas en 200 y hasta 300 dólares, según publicó el Salvador García Soto en su columna en el diario El Universal el 13 de diciembre de 2017.
De acuerdo al autor, la embajada contaba con un permiso para consumo de alcohol por parte de los trabajadores, invitados y para los eventos, sin embargo la sede diplomática importó una gran cantidad de bebidas alcohólicas que se vendían en sus instalaciones.
El Órgano Interno de Control de la cancillería mexicana, aclaró que el embajador de México, Arturo Trejo Navaja, no usó recursos públicos para comprar y comercializar las bebidas sino que eran financiadas por él. La investigación concluyó cuando Trejo fue suspendido de la representación y regresó a México el 19 de octubre de 2017. El escándalo se manejó como "un asunto interno".
De acuerdo al artículo 57 de la Ley del Servicio exterior Mexicano al embajador se le aplicaría la "suspensión, destitución y sanción económica. En todos los casos de destitución el sancionado quedará inhabilitado para reingresar al Servicio Exterior o desempeñar algún puesto, cargo o comisión temporal en el mismo".
Durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, destaca una investigación en contra del entonces embajador de México en Uruguay, Francisco Arroyo Vieyra, por ocultar por varios años 1.2 millones de dólares en una cuenta de la Banca Privada d'Andorra (BPA), de acuerdo a una investigación realizada por el diario El País.
El diplomático, que pertenece al partido del expresidente Peña Nieto, cobró un depósito en el Principado de Andorra de un despacho de abogados de Ciudad de México que preside Pedro Raymundo Salinas Arrambide, presunto socio en un despacho del embajador Arroyo, según la documentación interna de BPA.
Arroyo Vieyra, que fuera presidente del Congreso Mexicano entre 2012 y 2013, reconoció en su momento el pago y dijo que los recursos fueron producto de un trabajo que "no puede revelar", que el dinero era lícito pero añadió que fue "un error" cobrar los fondos en Andorra, “no lo volvería a hacer, se lo aseguró”, afirmó al El País.
Arroyo Vieyra, que también es dueño de dos hoteles en la ciudad colonial de Guanajuato, aseguró que al cerrar el depósito en el banco, regularizó su situación y declaró sus ingresos ante la Secretaría de Hacienda.
El BPA fue intervenido en 2015 por las autoridades financieras de EEUU al denunciar que organizaciones criminales utilizaban el banco para "blanquear dinero" y estar relacionado con depósitos del caso Odebrecht, desde donde se emitieron el pago de presuntos sobornos a varios funcionarios de países de América Latina.
En 2001 el presidente Vicente Fox viajó a China, cuando se trasladó hacia el Museo de Guerreros y Caballos de Terracota, considerados como la Octava Maravilla del Mundo, el presidente mexicano y su comitiva rompieron el protocolo al internarse entre las estatuas y tomarse fotografías.
El ejército de guerreros que el emperador Qin Shi Huang mandó crear para que lo protegieran después de su muerte y que habían desafiado el tiempo por más de 2,200 años fue derrotado por la delegación mexicana que los visitó.
Los funcionarios, alentados por el presidente Fox, ingresaron a una sección del museo tocando a los guerreros y posando junto a ellos para tomarse fotografías. Entre los integrantes de la comitiva se encontraban el canciller Jorge G. Castañeda, Francisco Ortíz, coordinador de imagen de la presidencia y la ministra de Cultura Sari Bermúdez.
Cecilio Garza, que se desempeñaba como embajador de la nación mexicana, pidió a la comitiva comportarse pues sólo el presidente tenía autorización de ingresar a la zona autorizada por el gobierno chino, sin embargo, nadie lo respetó, incluyendo el mismo presidente.
El nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, nombró a Víctor Alberto Barreras Castro como cónsul en Las Vegas, Nevada. Sin embargo, Barreras Castro renunció a su cargo después de que fueron expuestos señalamientos en su contra por presuntamente abusar de una menor de edad en 2011.
Una investigación realizada por la periodista Dolia Estévez informó que el 6 de mayo de 2011 un juez de Sonora, México, giró una orden de aprehensión en contra de Barreras Castro por el delito de estupro (statutory rape). Estévez informó que la víctima de la agresión sexual, de 14, era alumna de la escuela secundaria donde el político, de 24, daba clases de inglés. Barreras quedó libre después de pagar una fianza, detalla el informe.
Castro envió una carta al director de Recursos Humanos de la cancillería mexicana diciendo que para no sobreexponerse al “linchamiento digital y mediático” del que, argumentó, había sido presa renunciaba a su cargo.
Barreras declaró que él, la supuesta víctima de estupro y sus padres acordaron incluir las cartas que respaldan su presunta inocencia. De acuerdo con el exfuncionario, la acusación que no tenía fundamento y estuvo basada en un “disgusto de carácter escolar”.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México inició un análisis sobre el caso y el vocero, Roberto Velasco Álvarez, señaló que no fueron encontrados documentos relacionados con las acusaciones.
Fue el 8 de diciembre del 2005 cuando Ricardo Cámara Sánchez fue infraccionado por conducir en estado de ebriedad sobre la autopista 400 en el estado de Georgia, así lo reportó WSB-TV.
El cónsul de México en Atlanta recibió dos infracciones más, una por no mantenerse en el carril correcto y otra por no ceder el paso a un vehículo de emergencia. Gracias a la inmunidad con la que gozaba el diplomático fue liberado por las autoridades y enviado a su casa en un taxi, de acuerdo a la revista Proceso.
En una declaración pública la Embajada de México en Washington informó que tenía conocimiento de una investigación que se llevaba a cabo y que confiaba en que se realizaba de acuerdo a los lineamientos locales.
Carlos Bello Roch, cónsul de México en Denver, Colorado, utilizó su cargo para promover un foro y una plataforma empresarial binacional utilizando recursos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El Vail Forum, una entidad no lucrativa que pertenecía al diplomático, estaba registrada en el estado de Colorado desde el 19 de mayo de 2015 con la dirección del Consulado mexicano en la ciudad de Denver, según una investigación.
Días después, la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte del Senado solicitó una investigación ante la cancillería mexicana.
El diario El Universal reveló en febrero de 2016 que Bello "facilitaba empresas extranjeras a su hijo" Carlos Bello Hernández, el cual en ese momento era integrante del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), además de pertenecer al despacho BGBG que brinda asesoría legal y regulatoria a empresas en materia de telecomunicaciones.
Cinco meses después de la investigación publicada por el diario mexicano, el diplomático se retiró como titular del consulado de Denver el 31 de julio de 2016. Virgilio Andrade, entonces secretario de la Función Pública en el gobierno de Enrique Peña Nieto dijo en su momento que el caso de Bello Roch era investigado.