Agentes armados sin identificación oficial fueron a la casa de la sargenta del Ejército Emmy Mirella Da Costa Venegas, a quien señalan de conspirar contra el gobierno de Maduro. Como no estaba se llevaron a su pareja, el cirujano José Alberto Marulanda Bedoya. Lo incomunicaron y presentaron en un tribunal militar cinco días después, pese a que la ley exige una audiencia dentro de las primeras 48 horas.

Marulanda fue acusado de traición e instigación a la rebelión por hablar de “planes conspirativos contra el gobierno venezolano” durante una supuesta reunión con el Coronel Oswaldo García Palomo, señalado de desestabilizar el gobierno de Maduro. El médico dice que no lo conoce. Contó que agentes lo golpearon brutalmente en el estómago y la espalda, le produjeron asfixias con bolsas plásticas, usaron una barra de metal para asestarle golpes en la planta de los pies y lo obligaron a llevar esposas ajustadas, que hicieron que perdiera sensibilidad en las manos.

Perdió audición en el oído derecho debido a los violentos golpes que le dieron en la cabeza. Está preso en la cárcel militar de Ramo Verde. Su abogado afirma que tiene problemas para dormir, pensamientos suicidas, hipertensión y secuelas físicas producto de las golpizas.

Se la llevaron junto a otros dos familiares de la casa donde vivía, propiedad del Coronel García Palomo, un pariente lejano acusado por el gobierno venezolano de conspiración. Granadillo hacía una pasantía como estudiante de Medicina y por eso se mudó temporalmente. Durante su detención, los agentes le cubrieron la cabeza con carpetas de cartón que envolvieron con cinta.

Estaba desorientada. La golpearon y le tocaron varias partes del cuerpo mientras exigían que les dijera dónde se encontraba García Palomo. Fue liberada dos días después, pero la volvieron a apresar el 24 de mayo, sin una orden judicial, esta vez junto con sus padres, en su vivienda del estado Miranda. La mantuvieron incomunicada una semana. Varios agentes sometieron a abusos a Granadillo para forzarla a que dijera dónde se encontraba García Palomo.

Le colocaron una bolsa en la cabeza, le ataron las manos por la espalda y la sujetaron de las piernas. Cuando Granadillo les dijo que no tenía ninguna información para darles, le ponían una bolsa en la cabeza hasta que casi perdía el conocimiento. Granadillo y sus padres fueron liberados el 31 de mayo sin que se presentaran cargos. El 23 de junio la hicieron bajar de un autobús y la detuvieron. El 3 de julio la llevaron ante un tribunal militar y la acusaron de instigación a la rebelión. Está bajo libertad condicionada y se presenta en tribunales cada ocho días.

Unos 30 agentes encapuchados de la Dirección de Inteligencia Militar (DGCIM) irrumpieron en la vivienda de Juan Antonio Gómez, según contó en una carta que entregó a sus abogados y a la cual tuvo acceso Human Rights Watch. Amenazaron con matar a sus familiares, incluida una niña de 7 años. Lo apuntaron en el pecho y detuvieron, sin orden judicial. Lo acusaron de prestar servicios de taxi para Óscar Pérez, un policía que se rebeló contra el régimen de Maduro y fue asesinado por cuerpos policiales.

Gómez narró que fue golpeado en el estómago, le colocaron esposas y robaron sus teléfonos celulares, dinero en efectivo, una computadora portátil y pasaportes. Lo subieron a un vehículo no oficial, donde lo golpearon y amenazaron con matarlo. Las golpizas habrían continuado en la sede de inteligencia militar. Allí le vendaron los ojos, golpearon y patearon en las costillas y la espalda.

Lo obligaron a acostarse en el suelo. Le hicieron cortes en las plantas de los pies con hojillas. Mientras un agente lo golpeaba, otro le colocó una bolsa sobre el rostro e intentó asfixiarlo. Repitieron esta forma de tortura al menos ocho veces, recuerda. Luego metieron un trozo de tela en su boca y le aplicaron descargas eléctricas. Trajeron a su esposa a la sala y la acostaron a su lado, la golpearon y torturaron de la misma forma, salvo los cortes en los pies. Cuenta que lo maltrataron durante dos días. “Llegó un momento donde ya no sentía nada”, escribió.

Mora Álvarez es un taxista que vive en el estado Táchira, cerca de la frontera con Colombia, y presta servicios de transporte a venezolanos que viajan hacia Colombia. Seis agentes de la policía política (Sebin) se lo llevaron frente a su esposa. Él le contó a su abogado que lo llevaron a un club de tenis en la capital del estado, donde un médico, que estaba jugando, "evaluaría" su estado físico. Mora Álvarez dijo que la entrevista duró 10 minutos y le preguntó brevemente si había sido golpeado. Esa noche, agentes del Sebin lo entregaron a agentes de la DGCIM armados y encapuchados, quienes lo trasladaron a su sede. Al llegar, le colocaron una capucha negra en la cabeza, lo golpearon e intentaron asfixiarlo varias veces durante seis horas mientras lo interrogaban.

Al día siguiente lo trasladaron en un vuelo a Caracas y lo llevaron a la sede de la DGCIM allí, donde agentes lo golpearon con una tabla de madera. Contó que lo golpeaban en los glúteos con una vara de madera mientras se duchaba y no le dieron de comer por cuatro días.

El 27 de mayo, lo llevaron ante un tribunal militar, donde fue acusado, junto con Marulanda, de traición a la patria e instigación a la rebelión. Agentes de inteligencia lo acusaron de prestar servicios de taxi al coronel García Palomo. Al día siguiente, lo trasladaron a la cárcel militar de Ramo Verde, donde pasó 12 días en una celda de castigo minúscula.

El 12 de julio, el tribunal le concedió libertad condicional. No puede salir del país, participar en manifestaciones, ni hablar de su caso a medios nacionales ni internacionales. Debe presentarse ante los tribunales cada 30 días, informó su abogado.

El primer teniente Luis Hernando Lugo Calderón y el primer teniente Carlos José Esqueda Martínez fueron liberados después de casi cuatro años en prisión, acusados de participar en un supuesto intento de golpe en 2015 contra Maduro. Lugo Calderón estuvo detenido en una gélida celda de Inteligencia Militar en Caracas, donde fue privado de agua y comida por varios días. Tuvo que tomar agua del inodoro. Solo le permitían ir al baño dos veces al día. El 15 de noviembre, fue trasladado a la cárcel militar de Ramo Verde. Agentes de esa prisión comunicaron a la familia que Lugo Calderón no es un “preso” y que no necesita un abogado porque solo está siendo investigado. Él le manifestó a su novia que ha tenido pensamientos suicidas.

Entre el 11 y el 14 de octubre, agentes de la DGCIM y del Sebin requisaron la vivienda de Esqueda Martínez, hostigaron a su esposa y detuvieron a su padre y a un primo durante varias horas en incidentes separados, mientras preguntaban dónde se encontraba Esqueda Martínez. Los agentes robaron dinero, juguetes, un televisor y bebidas alcohólicas de la vivienda, según afirmó su hermano, quien está en el exterior como Esqueda Martínez.

Los sargentos retirados del ejército Lorenzo Pérez y su esposa, Lidia González indicaron haber sido expulsados de la fuerza por criticar al gobierno.

En febrero de 2018 mientras Pérez estaba comprando alimentos, un amigo, también soldado, le dijo que no volviera a su casa. Agentes de inteligencia estaban esperándolo. Pérez siguió su consejo. Pero como las autoridades no encontraron a Pérez, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana se llevaron al hijo de 18 años de la pareja. Lo retuvieron durante tres meses en una prisión de máxima seguridad, contaron sus padres, lo golpearon y exigieron que les dijera dónde estaba su padre.

Pérez y González contaron que, durante ese tiempo, tuvieron que ocultarse y vender sus pertenencias para juntar fondos, sacar a su hijo de la cárcel y alimentar a sus otros tres hijos. La familia se alimentó principalmente con yuca y arroz picado para consumo animal. Comían una sola vez al día.

Su hijo fue acusado de participar en un “boicot” y lo liberaron condicionalmente el 12 de abril. Debe presentarse periódicamente ante el tribunal. Pérez y González huyeron a Colombia. Al llegar, él pesaba solo 42 kilos (93 libras) y mide 1,61 metros (5.2 pies).

Funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar (DGCIM) detuvieron al teniente Luis Alejandro Mogollón Velázquez cuando estaba trabajando en la base de Fuerte Tiuna, en Caracas. Buscaban a una persona con el apellido “Mogollón Medina” y no presentaron una orden de detención, relató Mogollón Velázquez a los abogados del Foro Penal que asumieron su defensa.

Aunque les advirtió a los agentes que su apellido no coincidía con el de la persona que buscaban, lo mantuvieron esposado a una silla nueve días, lo golpearon brutalmente en la cabeza y en el cuerpo y lo colgaron del techo sujetándolo de las manos y los pies. Mientras tanto, le pedían información sobre otras personas de su equipo de trabajo.

Fue presentado ante un tribunal militar el 14 de abril de 2017, y acusado de traición a la patria, rebelión militar e instigación a la rebelión. Su abogada informó que el fiscal solamente ha hecho una declaración general de que Mogollón Velázquez habría participado en actos de conspiración, pero no ha explicado qué hechos respaldarían tal señalamiento. La audiencia preliminar, durante la cual se supone que el fiscal debe presentar pruebas en su contra, se ha postergado 26 veces.

Mogollón Velázquez ya padecía hipertensión y las secuelas de una fractura de cráneo sufrida al caer de un vehículo en movimiento. También tuvo cáncer en su niñez. Su abogada solicitó al tribunal militar que asegurara que Mogollón Velázquez tuviera acceso a los cuidados médicos adecuados. Sin embargo, el juez no respondió al pedido.

Un superior llamó a Henry José Medina Gutiérrez cuando estaba en su vivienda y le ordenó que se reuniera con un alto mando del Ejército. Agentes de la DGCIM detuvieron a Medina Gutiérrez al llegar al Ministerio de Defensa en Caracas. Igbert José Marín Chaparro también fue detenido ese día en la base militar de Fuerte Tiuna, a la que estaba asignado.

Ese mismo día, se le ordenó a la sargenta del Ejército Tamara González (pseudónimo), que se reincorporara de una licencia médica. Agentes del Sebin la detuvieron al llegar a la base militar en el estado Táchira a la que estaba asignada. González era asistente de Medina Gutiérrez. Cerca de otros 20 militares fueron detenidos ese día.

Las autoridades liberaron a algunos de ellos, pero transfirieron a nueve – entre ellos, Medina Gutiérrez, Marín Chaparro y González – a la sede de la DGCIM en Caracas.

Allí, un funcionario cubrió la visión de González con una gorra militar, lo que hizo que cayera por una escalera. Dijo que dos agentes encapuchadas la llamaron “perra” y “traidora”, la golpearon y le colocaron una capucha con gas lacrimógeno en el rostro que le provocó quemaduras, hasta que perdió el conocimiento. No se le permitió usar el baño ni tomar su medicamento antiepiléptico.