Para calificar a la regularización de estatus, la reforma migratoria de Biden establece varios requisitos de elegibilidad. En cuanto a presencia física, el no ciudadano debe demostrar que “ha estado física y continuamente presente en Estados Unidos a partir del 1 de enero de 2021”.
Al momento de solicitar los beneficios de la regularización, el no ciudadanos deberá pagar una multa o tarifa que establecerá el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), además de los costos del proceso en cada una de sus partes.
El plan recomienda, por ahora, una multa de $5,000 por concepto de permanencia indocumentada. Abogados estiman que los gastos del proceso podrían ser entre $3,000 y $5,000 por persona.
Quienes no paguen la multa quedarán excluidos de la regularización.
El plan incluye una lista de “motivos inelegibilidad” de acuerdo con lo señalado por la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), Entre otros:
· Antecedentes criminales (felonía o 3 delitos o más delitos menores (excluyendo posesión de marihuana);
· Tráfico ilícito de no ciudadanos;
· Secuestros internacional de niños;
· Renuncia a la ciudadanía estadounidense para evitar pagar impuestos.
Tampoco son elegibles:
· Aquellos no ciudadanos que salieron de Estados Unidos mientras estaba sujeto a una exclusión, deportación, remoción o una orden de salida voluntaria y se encontraban fuera del país el 1 de enero de 2021; o
· Volvieron a entrar a Estados Unidos ilegalmente después del 1 de enero de 2021.
La iniciativa también advierte que en el proceso de revisión, aceptación y/o rechazo de solicitudes de regularización, el gobierno tendrá en cuenta la Sección 212 de la INA, que establece los requisitos de elegibilidad para entrar y/o permanecer en Estados Unidos
Todos los solicitantes para regularizar sus estatus de permanencia deben entregar sus datos de identificación personal al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para pruebas biométricas y verificación de antecedentes criminales.
Del resultado de las pruebas biométricas dependerá si el gobierno otorga o niega la regularización de estatus el no ciudadano (indocumentado).
Si el no ciudadano cometió delitos menores y por cada uno de ellos la pena máxima excedió de un año, no calificará.
La propuesta señala que los tribunales pueden revisar cuestiones de reclamaciones constitucionales o cuestiones de derecho, incluso cuando no pueden revisar los componentes discrecionales de las decisiones de deportación.
El plan incluye una sección que permite crear un proceso de apelación para las denegaciones de casos.
Las apelaciones, señala, deben presentarse dentro de los 90 días a partir de la fecha de rechazo o denegación del beneficio de regularización.
Las deportaciones se suspenderán mientras las apelaciones
Se encuentran pendientes de resolución.
El plan de reforma migratoria indica que el DHS “no puede utilizar la información” proporcionada en una solicitud de regularización para fines de cumplimiento o para deportar a un no ciudadano.
Advierte que el uso de información personal para deportar a un individuo será sancionado con una multa de $50,000.
Si el Congreso aprueba la reforma migratoria, el DHS deberá elaborar los reglamentos para la implementación de cada fase del proyecto de regularización en el plazo de un año.
Una vez elaboradas las reglas, deben ser publicadas en el registro Federal (diario oficial estadounidense) y abrir un espacio para el comentario público.
“Se publicará una regla final dentro de los 180 días posteriores a esa fecha”, señala.
Es decir, que la reforma comenzará a ser implementada por lo menos un año y medio (18 meses) después de ser aprobada por el Congreso.
“En caso se apruebe la reforma migratoria, los inmigrantes que tienen antecedentes criminales deben buscar consejo legal para que le revisen el expediente, el historial delictivo, y ver si califica para regularizar su permanencia en el país de acuerdo con las reglas que apruebe el DHS”, dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas (Texas).
“Si la persona tiene crímenes severos o múltiples delitos menores, existe un serio peligro de que el gobierno les niegue la petición de residencia provisional y les cancele el proceso”, agrega.
Barrón dice además que “por eso es recomendable que busque un abogado y estudiar su ciertos delitos pueden ser eliminados. Pero recuerde siempre que para efectos de inmigración las faltas quedan para siempre en el récord migratorio de un individuo”.
“A efecto de inmigración los delitos jamás se borran. Y el gobierno, cuando usted pida un beneficio migratorio, le preguntará y pedirá que declare todo incidente que haya tenido”, apuntó.
Para efectos de inmigración “el récord migratorio no se limpia, queda para siempre”, advierte el abogado José Guerrero, quien ejerce en Miami (Florida).
“Lamentablemente este tipo de falta, como la orden de deportación en ausencia, no se quita. Cada vez que esa persona trate de pedir una visa o un ajuste de estatus, le dirán que no. Ya está en el expediente y es para toda la vida”.