Corría el 13 de febrero de 2014 en Valencia, estado Carabobo. Era un día más de protestas. Grupos de manifestantes habían cortado las principales carreteras de la ciudad y para disuadirlos el estado movió a la policía estatal, la Guardia Nacional y a otros cuerpos de seguridad. Muchos manifestantes se quedaron en la calle hasta tarde por la noche.

En algún momento entre las 9:00 y las 11:00 de la noche, hasta 50 funcionarios militares en motocicletas buscaron dispersar a los manifestantes con gases y perdigones. Juan Manuel Carrasco, de 21 años, corrió hacia el carro de uno de sus amigos para refugiarse, pero ocho guardias nacionales comenzaron a disparar balas de goma contra el vehículo hasta quebrar los cristales. A él y a sus compañeros los sacaron del auto y los agredieron.

Luego los llevaron a un estacionamiento cercano, donde Carrasco vio cómo golpeaban a un grupo de personas. Les ordenaron tirarse al suelo y permanecer en posición fetal mientras seguían lanzando gases lacrimógenos y perdigones.

Mientras estaba en el suelo en posición fetal, Carrasco contó  a la misión que un funcionario le acercó la punta de su rifle al trasero, le bajó la ropa interior, dijo "mira ese culo" y penetró el ano del joven con su arma, "causándole un dolor extremo".

"Un examen médico forense realizado la semana siguiente evidenció laceraciones anales consistentes con la penetración de un objeto. Este mismo funcionario había estado dando órdenes a otros y parecía estar a cargo de la operación", se lee en el reporte.

Mientras golpeaban al resto del grupo, los guardias amenazaban con matarlos.

Hacia la medianoche, once de los manifestantes fueron trasladados al destacamento de la Guardia Nacional, ubicado junto a una prisión. Les ordenaron que se desvistieran frente a ellos. "Carrasco indicó a la misión que se sintió humillado, ya que había sido violado con el arma poco tiempo antes", relatan. Luego, lo obligaron a ducharse delante de ellos y a limpiarse la sangre: "Tenía moretones en las costillas y no podía mantenerse de pie fácilmente. Cuando usó el baño, sangró por el recto".

En su audiencia de presentación, la fiscal lo acusó de daños materiales violentos, obstrucción de la vía pública y uso de niños para delinquir. En su declaración, Carrasco habló de las lesiones que había sufrido, incluso mencionó la violación sexual y dijo que tenía dificultades para sentarse y seguía sangrando. La fiscal sumó cargos a la acusación. La jueza ordenó su arresto domiciliario por 45 días.

Después de su liberación y tras denuncias que Carrasco hizo en televisión, la entonces fiscal Luisa Ortega Díaz cuestionó la veracidad de los hechos e incluso insinuó que de no probarse la agresión, el joven podría ser enjuiciado.

Tres miembros de la Guardia Nacional fueron acusados por este caso, pero siguen en libertad y no han sido juzgados. Carrasco se fue de Venezuela.

Otros casos de agresiones sexuales quedaron reportados en el informe. Tres de ellos durante protestas en la ciudad occidental de Maracaibo en julio de 2017. Uno es el de una joven que fue manoseada de forma sexual por funcionarios que, además, le robaron sus pertenencias. Otro es el de una niña de 13 años a quien, según su declaración en Fiscalía, los funcionarios le quitaron la camisa mientras la tenían detenida en un camión y le tocaron los pechos, las nalgas y el entrepierna. "Le dijeron que era imposible tener un cuerpo así a una edad tan joven. Un testigo dijo a la misión que oyó a un funcionario decir a la niña 'andas de puta, qué haces con tantos hombres' (...) Su hermano dijo que los funcionarios la manoseaban haciéndola llorar".

Según dos testigos, las dos mujeres fueron separadas por los agentes del grupo. Oyeron que les decían que si realizaban actos sexuales con ellos sería liberada. "Cuando la mujer regresó, parecía traumatizada", se lee. "Fueron puestas en libertad tras ser amenazadas con no revelar lo que había ocurrido", agrega. Al menos 11 funcionarios —incluyendo dos mujeres— estuvieron presentes.

Un abuso más ocurrió a un joven al que le bajaron los pantalones y lo violaron con una porra (un bastón de policía). "Dijeron cosas como 'mira cómo aprieta, mira cómo puja' y que debía gustarle lo que le estaban haciendo", dice el reporte. Al menos 10 funcionarios estaban presentes. Después de la violación lo golpearon hasta dejarlo inconsciente.

Sobre este tema, la misión concluyó que 74% de los incidentes fueron perpetrados contra hombres y 30% contra mujeres. Aseguran que "el uso de la violencia sexual como técnica represiva durante circunstancias coercitivas como el arresto y la detención es generalizado y perpetrado por varios servicios de seguridad, y se practica sin investigación, enjuiciamiento o sanción adecuada". 

Esto pasó en centros de detención oficiales y no oficiales, incluidas desde oficinas hasta cocinas de comisarías de policías.

Por la falta de instalaciones adecuadas, narra el reporte, una mujer contó que se vio obligada a ducharse desnuda en un vestidor masculino de la policía científica (el CICPC). Funcionarios hombres entraban al lugar y la veían bañarse, incluso le decían frases sexuales.

En varios casos tenían la menstruación y no se les proporcionaban productos de higiene personal ni se les permitía tomar un baño. "Esto resultó en que las mujeres usaran ropa mojada y ensangrentada durante varios días, a veces en presencia de hombres que ellas no conocían. En ocasiones se presentaba a mujeres en el tribunal con estas ropas ensangrentadas y funcionarios de seguridad se burlaban de ellas".

Tampoco los centros de detención del Sebin o de la Dirección de Inteligencia Militar daban condiciones adecuadas para la reclusión de mujeres, sin importar que permanecieran allí días, semanas, meses o años.

En el Helicoide, por ejemplo, hasta 30 mujeres permanecían hacinadas en una celda sin acceso a agua. Y cuando había agua priorizaban a los hombres.

"Mujeres bajo custodia también enfrentaron riesgos adicionales de explotación sexual y sexo transaccional coercitivo", dice el informe, al no contar con los productos básicos que requerían. Eso obligó a mujeres detenidas a tener sexo con guardias del Sebin sin el uso de anticonceptivos y sin que se realizaran exámenes médicos para tratar infecciones de transmisión sexual.

"Una testigo dijo a la misión que a las detenidas, después de haber tenido relaciones sexuales con guardias, les preocupaba que pudieran quedar embarazadas y trataban de evitar la concepción. Otra detenida pidió a sus familiares que le llevaran anticonceptivos para que ella los pudiera distribuir a las reclusas", narra.

 Una primera fase de las Operaciones de Liberación Popular ocurrió entre julio de 2015 y mayo de 2016. El gobierno las anunció como una forma de desafiar a la delincuencia. Pero al ser presentadas cinco meses antes de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, fueron vistas por muchos analistas como una forma de ganar votos tras las duras críticas a la inacción y complicidad del gobierno con la delincuencia del país.

El 13 de julio de 2015 se realizaron cuatro operaciones simultáneas en el centro norte del país: dos de ellas en Caracas, en un barrio pobre del oeste llamado Cota 905. Maduro dijo entonces que las había coordinado junto con el comandante de la militar Guardia Nacional, el ministro de Defensa y el del Interior, así como con los comandantes de la Policía Nacional Bolivariana, de la policía científica y la local.

Se supone que buscarían al líder de una banda de la zona, pero un oficial de la policía científica dijo que el malandro se había marchado la noche anterior tras haber sido alertado de la operación precisamente por funcionarios.

Aún así, a las 3:00 am las fuerzas de seguridad acordonaron la zona. Un testigo dijo que la policía se movía de "arriba a abajo" por el barrio. El informe cuenta que había docenas de agentes armados, vehículos blindados, un helicóptero sobrevolando la comunidad, francotiradores apostados en los tejados de las casas.

Los relatos de las personas que vivieron el operativo describen a uniformados irrumpiendo en las casas sin órdenes judiciales, interrogando a personas, robando objetos de valor: "Una mujer testigo dijo que entraron 'sin una orden, sin un papel, sin un fiscal, sin nada (...) fue un caos'. También relató que si 'usted no salía rápido a abrirles ¡te las tumbaban a patadas (las puertas)!'".

Otra mujer contó que veía cómo los funcionarios sacaban a los hombres de sus casas "y los hicieron arrodillarse afuera". Una más dijo que "hubo gente golpeada, las casas fueron saqueadas, hubo mucho abuso policial, partieron televisores, se robaron las computadoras y el dinero que teníamos en casa". Dijo que las amenazaban con derrumbarles la casa si no se quedaban adentro y les hablaban usando un lenguaje obsceno.

Otras personas afirmaron que las fuerzas de seguridad "intentaron sembrar pruebas para que pareciera que se había producido un enfrentamiento. Un joven dijo: 'Yo estaba con mi esposa, (…) la mandaron para afuera, cerraron la puerta (...) Me pusieron un arma en la mano, como para ellos justificar que era un enfrentamiento (…) Te vamos a matar si no nos dices donde está este y el otro, porque tú también eres un malandro de aquí'".

Al día siguiente, el ministro de Interior dijo en una rueda de prensa que habían detenido a más de 134 personas, entre ellas 32 colombianos. Dos días después, la entonces fiscal general, Luisa Ortega Díaz, informó que solo 19 de los arrestados habían sido acusados de delitos como homicidio, robo o tráfico de drogas. Una fuente oficial confirmó 14 muertes en esa operación, todos entre 17 y 25 años.

"Varias personas que presenciaron los hechos concedieron posteriormente entrevistas a los medios de comunicación en las que afirmaron que las muertes se produjeron mientras las víctimas estaban bajo la custodia de las autoridades", dice el reporte.

La misión accedió a las autopsias y constató que la mayoría de las víctimas tenía heridas por arma de fuego en zonas vitales, como el pecho. En al menos cuatro casos la causa de muerte fue la fractura de cráneo por proyectil; otra de las víctimas tenía los disparos en su cabeza, tórax y abdomen. En tres de los 14 casos, los cuerpos de las víctimas tenían marcas de pólvora en la cabeza y el tórax, lo que desveló que las detonaciones fueron a corta distancia.

Las autoridades declararon que las muertes fueron de personas que se resistieron a la autoridad o que fueron parte de un enfrentamiento con las autoridades.

Días después, el 4 de agosto de 2015, Maduro habló de una expansión de las operaciones en todo el país "para seguir liberando y protegiendo al pueblo".

En noviembre, después de que la operación de la Cota 905 fue alabada al más alto nivel, el Ministerio Público abrió una investigación contra varios miembros de distintas fuerzas de seguridad que participaron. Los acusaron de uso indebido de arma de fuego y homicidio intencional.

En otra OLP el 13 de septiembre de 2015 en un barrio del occidental estado Zulia, los oficiales de la policía del estado mataron a un hombre en el pasillo de su casa, frente a su madre. Cuando los funcionarios retiraban el cuerpo de la vivienda llegó otro de los hermanos; la policía lo arrestó para hacer una supuesta declaración, pero cuando la madre fue a la morgue para identificar el cuerpo del hijo que sabía estaba muerto, encontró al otro tendido en la camilla de al lado.

El 15 de enero de 2017, el Presidente Maduro anunció la reformulación de las OLPs en las Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP). Declaró: “Necesariamente, después de algunos percances ocurridos en las OLPs, he decidido reestructurarlas”.

Entre los casos analizados por la ONU está el de Carlos Jampier Castro Tovar (19 años), Darwin Rojas Tovas (28), Roswil Belisario Tovas (25) y Yohandri Trujillo Núñez (21). La mañana del 18 de mayo de 2016 todos estaban en casa de Glory Tovar, madre de Carlos y Darwin, en un barrio pobre de Caracas. Según la misión, Roswil, sobrino de la mujer, había estado detenido en 2013 por asesinato; Yohandri, amigo de la familia, era buscado por un delito que no se precisa en el informe. Los hermanos no tenían antecedentes penales.

"Mami, hay un policía en la puerta", dijo a la mujer uno de sus hijos. "¿Qué puedo hacer por ti?", preguntó ella a través de la ventana. Cuando abrió la puerta, cinco funcionarios con uniformes de la policía científica (CICPC) entraron sin siquiera presentar una orden de allanamiento. Le dijeron que si no encontraban nada, se irían.

Pero subieron al primer piso y gritaron: "¡Mujeres y niños fuera!". Con esa orden, sacaron al nieto de nueve años con una pistola apuntada en su cabeza. Solo dejaron en la casa a los cuatro muchachos. Glory Tovar contó a la misión que desde afuera escuchaba una pelea, vio a otros policías acordonar la zona. Cuando logró echar una mirada a través de la ventana vio a los cuatro jóvenes en el suelo y a los oficiales apuntándoles con armas. Los funcionarios entonces taparon los cristales con sábanas.

Unos 40 minutos después, Tovar escuchó a los hermanos gritar y pedir ayuda desde adentro. Luego hubo disparos, más de 10 escuchó ella antes de desmayarse.

Tiempo después llegaron más funcionarios con maletines y material de limpieza y sacaron los cuatro cuerpos cubiertos. Glory Tovar dijo que los oficiales plantaron armas en la escena y que había disparos en el techo y en todas las habitaciones de la vivienda. Con ellos, argumentaron que había ocurrido un enfrentamiento.

Según el informe del CICPC, los agentes habían estado realizando investigaciones en la zona cuando vieron a cuatro individuos nerviosos y escurridizos a quienes ordenaron pararse, pero estos sacaron armas y entraron en una casa. Fueron perseguidos y por eso les dispararon. Los oficiales dijeron que lo hicieron para salvar sus vidas.

Aunque cuatro de los funcionarios del CICPC fueron convocados por un fiscal, el Ministerio Público le dijo a Glory Tovar, según su versión, que no presentaría cargos contra los policías "porque dos de sus familiares tenían antecedentes penales".

En otro caso ocurrido en la parroquia El Valle, en Caracas, el 7 de agosto de 2016, un joven que estaba fugado y tenía órdenes de detención, Irvin Beomon, fue hallado mientras visitaba a su madre, Zenayda Mejía. Eran las 10 de la mañana y el joven acababa de desayunar cuando un oficial de la policía científica le disparó desde fuera de la casa. La bala entró por su glúteo derecho y el joven cayó al suelo.

Justo después un grupo de oficiales irrumpió en la casa sin ni siquiera mostrar una orden judicial. Ataron de manos al muchacho y lo neutralizaron al subirse sobre él. Ella contó al Ministerio Público que uno de los oficiales preguntó a otro: "¿Nos lo vamos a llevar?". La respuesta fue: "No, mátalo". Le dieron entonces un disparo en la cabeza.

A la madre la habían encerrado en el baño, pero ella logró salirse. Su hijo estaba en el suelo, pero le dijo: "Mami, estoy vivo, te amo, mami". Su madre le pidió que se hiciera el muerto, pero uno de los agentes escuchó la conversación, se acercó y replicó: "Este bastardo está vivo", y le dio un tiro mortal en el pecho.

Según el acta de la investigación del CICPC, los agentes vieron al joven mientras patrullaban la zona y le dieron la voz de alto al ver que estaba armado. Él, aseguran, no se frenó sino que disparó y huyó hasta esta vivienda. Allí se enfrentó con la policía, que tuvo que repeler el ataque. Un arma calibre .38 fue recuperada supuestamente de manos de Beomon. En su mano hallaron rastros que según un experto se detectan después de un disparo. 

Un exagente de las FAES dijo a la misión de la ONU que acostumbraban efectuar un disparo con la mano del muerto previendo este tipo de peritaje.

Al menos dos personas han muerto bajo la custodia del Sebin: el concejal opositor Fernando Albán, y el piloto retirado Rodolfo González, acusado de conspirar contra el gobierno.

El caso de Albán comenzó el 5 de octubre de 2018. Llegaba a Venezuela tras un viaje por Nueva York, donde se reunió con líderes opositores como Julio Borges. En el propio aeropuerto internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, fue aprehendido por funcionarios del Sebin sin una orden judicial. Él logró informar a un miembro de su familia de lo que pasaba, pero cuando preguntaron por su paradero en el propio aeropuerto, las autoridades negaron haberlo detenido.

La mañana siguiente, la familia presentó una denuncia por desaparición forzada ante la Fiscalía de Derechos Fundamentales. Esa misma tarde, le permitieron hacer una llamada a su esposa, le dijo que estaba detenido en el Sebin, en la sección de contrainteligencia, y que lo presionaban para que incriminara a Borges en el supuesto atentado con drones contra Maduro ocurrido el 4 de agosto de 2018.

El 8 de octubre a las 3:35 de la tarde, el fiscal general Tarek William Saab, afecto al chavismo, anunció en el canal del Estado que el concejal se había suicidado: "Pidió ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde el décimo piso", dijo.

Ese mismo día, el ministro de Interior, Néstor Reverol, declaró otra cosa: que Albán había estado en la sala de espera del Sebin esperando para ser trasladado a su corte cuando se lanzó por una ventana.

Esa tarde, el cuerpo de Albán fue trasladado a la morgue para una autopsia. Un médico integral comunitario —no un experto en patología anatómica— dijo que la causa de muerte había sido un "traumatismo cráneo encefálico severo, shock hipovolémico secundario, traumatismo toraco abdominal pélvico por caída de altura". Pero cuando un día después la familia solicitó un certificado de defunción, emitieron uno en el que la causa de muerte había sido modificada a "traumatismo cráneo facial grave". Estaba firmado por un médico diferente cuya tarjeta de identidad —verificada por la misión en la página del Consejo Nacional Electoral— correspondía a otra persona.

Entre la oposición siempre hubo dudas de la causa de muerte de Albán. El jefe del partido Primero Justicia, Julio Borges, denunció que el cuerpo sin vida del edil había sido lanzado por una ventana. Aseguró entonces que funcionarios del Sebin se habían comunicado con él para contarle lo ocurrido. "¡Asesinos! El cuerpo de @AlbanFernando fue lanzado sin vida desde el edificio del Sebin. Es una persecución contra @PrimeroJusticia y contra quienes hemos decidido trabajar por la salida de la dictadura", escribió en su Twitter.

El 10 de octubre, Saab dijo que la autopsia no había dado indicios de tortura o maltrato físico. Ese día se desdijo de su declaración inicial: "Aquí nunca se ha dicho que Fernando Albán se lanzó del baño. Cuando él dijo que quería ir al baño aprovechó la circunstancia y corrió a lanzarse por una ventana panorámica del pasillo del piso 10".

Diosdado Cabello también hizo declaraciones ese día: "Es muy triste que la oposición siga haciendo política con la muerte y no respeta ni siquiera la decisión de una persona de quitarse su propia vida".

Las dudas sobre la forma de muerte aumentaron para la misión tras consultar a un experto forense internacional que aseguró que la autopsia estuvo "muy por debajo de las normas internacionales". No halló indicios de que, por ejemplo, se hubieran buscado pruebas de tortura, malos tratos, violencia sexual, asfixia, uso de drogas alucinógenas o sedantes.

Y según el análisis del Ministerio Público, las huellas dactilares halladas en la ventana tampoco eran de Albán, sino de un funcionario del Sebin. "Dado que la ventana solo se abría 30 grados y que el señor Albán medía 1.73 metros de altura, es probable que la hubiera tocado si fuese a saltar por ella", concluyó la misión.

Este caso sigue sin ser esclarecido.

La mayoría de las detenciones ocurrieron después del 1 de octubre de 2014. Ese día un diputado del partido oficial —el Socialista Unido de Venezuela, PSUV— es asesinado. Como suele ocurrir en Venezuela, hubo reacciones en Twitter y muchas fueron despectivas. Altos funcionarios del gobierno de Maduro dieron declaraciones en las que vinculaban a tuiteros con el asesinato, pese a que ninguno de ellos, después de arrestado y procesado, fue acusado de homicidio.

Entre los detenidos estaba Lessi Marcano, un arquitecto que el 24 de septiembre de 2014 publicó predicciones psíquicas en la cuenta @Hiipolita. Dijo que la Asamblea Nacional pronto estaría de luto.

El 14 de octubre siguiente, sin órdenes de detención o allanamiento, funcionarios del Sebin aparecieron en su oficina, lo arrestaron e interrogaron sobre sus tuits. Un tribunal lo acusó de instigación pública y al odio, así como de fraude cibernético y publicidad falsa, y lo condenó a un año y nueve meses de prisión. En una negociación con la fiscal habían aceptado cargos menores a cambio de una sentencia no privativa de libertad, pero ella cambió el trato y pidió una evaluación psicológica. El examen fue realizado en marzo de 2015, pero los resultados fueron transferidos al tribunal ocho meses después. En todo ese tiempo permaneció detenido en el Helicoide.

Después de ver y escuchar gritos y golpes en celdas continuas a la suya, en agosto de 2015 sufrió un colapso psicológico y comenzó a gritar. Por eso funcionarios del Sebin lo golpearon y colgaron por las muñecas cerca de la entrada de un baño.

El segundo del gobierno, Diosdado Cabello, dijo en su programa televisivo 'Con el mazo dando' que con los trinos pretendían armar "una campaña de guerra psicológica para sembrar el pánico en la población". El presidente Nicolás Maduro aseguró que todos "los tuiteros del terror" estaban presos y confesando: "Quiero felicitar a nuestros cuerpos investigadores por la labor que han hecho, profesional, científica".

La orden de excarcelación de Marcano salió en noviembre de 2015, pero permaneció en el hospital militar bajo custodia del Sebin hasta febrero de 2016, cuando le dieron libertad condicional por motivos médicos. Después de completar su condena se marchó de Venezuela.

Otro de los tuiteros detenidos fue Pedro Jaimes Criollo, de 53 años en ese momento y quien por hobby difundía información aeronaútica y meteorológica. El 3 de mayo de 2018, tuiteó una captura de pantalla con la fecha y hora del vuelo que trasladaría a Maduro a un evento en Aragua, un estado a poco más de una hora al este de Caracas. Había tomado la imagen de la aplicación FlightRadar24.

Una semana después, funcionarios del Sebin lo detuvieron al frente de su casa cuando bajaba del coche y sin presentar una orden de arresto. Él se resistió por temor a que se tratara de un secuestro y lo trasladaron a golpes. Su familia exigió información de su paradero, pero el propio Sebin negó haber hecho la detención. Lo habían trasladado a la Dirección de Contrainteligencia Militar.

Allí, un equipo de entre 30 y 40 funcionarios miraban las pantallas de las computadoras abiertas en páginas de redes sociales. Intentaron sacarle una contraseña de su cuenta y hasta lo presionaron para que implicara a otras personas, como periodistas.

De Criollo buscaban una confesión a golpes, con palos o bates de béisbol envueltos en plástico o tela para no dejarle marcas, pero le dieron tan duro que le produjeron una herida en las costillas. Le colocaron bolsas en la cabeza rociándole insecticida adentro para asfixiarlo. Le aplicaron descargas eléctricas en su cuerpo.

Lo trasladaron después al Helicoide. Allí, a sabiendas de sus heridas, en otro interrogatorio volvieron a golpearle en las costillas y él cayó de rodillas privado de dolor. Otro funcionario más le golpeó tan duro en la cabeza, que le causó una pérdida parcial de la audición. También amenazaron con violarlo con un palo de escoba que tenían a mano y con detener a sus familiares.

El 12 de mayo de 2018 un fiscal provisional lo acusó de interferencia en la seguridad operacional, revelación de secretos de Estado y espionaje informático.

Durante uno de los meses de su año y medio de detención, estuvo solo en una oficina, durmiendo sobre un escritorio y haciendo sus necesidades sobre un periódico. Fue hasta el 17 de octubre de 2019 cuando fue excarcelado con medidas cautelares. Aún espera su juicio.

"La misión tiene motivos razonables para creer que las condiciones de detención en las instalaciones de El Helicoide, donde estuvieron detenidas estas personas, equivalen a una violación de la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes", concluye la ONU.

Dos casos muestran la crudeza de las torturas también perpetradas contra militares: el del sargento Luis Alexander Bandres y el del capitán Rafael Acosta Arévalo.

El de Bandres comenzó el 21 de enero de 2019, cuando con un grupo de 26 oficiales de la militar Guardia Nacional publicó en redes sociales un video desconociendo al gobierno de Nicolás Maduro y alentando a nuevas deserciones. Lo detuvieron y ya en custodia de la Dirección de Contrainteligencia Militar le exigieron grabar un video para incriminar a varias figuras de la oposición, como el presidente interino Juan Guaidó y el opositor Julio Borges. Y cuando él se negó, los oficiales lo desnudaron, le vendaron los ojos y lo aislaron en un cuarto oscuro, narra el informe. Le ataron los brazos al techo con esposas y lo suspendieron por dos días, hasta perder la sensibilidad en las extremidades superiores. Luego, lo golpearon con un bate, lo patearon hasta en los testículos; lo asfixiaron con una bolsa, lo electrocutaron en las orejas y en los testículos. En medio de las torturas, el sargento se defecó y los oficiales lo obligaron a comerse sus propias heces fecales. También sufrió violencia sexual, intentaron violarlo con un palo.

Su esposa contó a la misión que "la tortura fue tan insoportable que pedía que lo dejaran ir al baño con la esperanza de encontrar cloro para beber y suicidarse".

El resto de los sargentos detenidos sufrió torturas similares: "Estuvimos esposados espalda con espalda durante varios días y noches. Para poder comer tuvimos que tirarnos al suelo como perros", dijo uno. Y junto a ellos fue arrestado un civil. Según Bandres, cuando se presentó en el tribunal tenía la ropa sucia, llena de excrementos y vómito, pero ni el juez, ni el fiscal, ni el defensor público solicitó una investigación para saber qué le había pasado.

En el caso de Acosta Arévalo las consecuencias de la tortura fueron mortales. El capitán había desaparecido el 22 de junio de 2019. Lo último que supo su esposa es que ese día se reuniría con otros militares activos y retirados. Cuatro días después el gobierno anunció la detención al alegar que él conspiraba para cometer un golpe de Estado.

La noche del 28 de junio de 2019, Acosta fue llevado a su audiencia de presentación en un tribunal militar a pesar de que era civil, había sido dado de baja desde 2006. Antes de la cita, tuvo una breve conversación con su abogado. Los oficiales de la Dirección de Contrainteligencia Militar insistieron en estar presentes en la conversación.

"Según su abogado, lo primero que hizo el capitán Acosta Arévalo fue pedir ayuda. El Capitán Acosta Arévalo no podía articular ninguna palabra, no podía mover sus manos o piernas y estaba adolorido y sangrando. Estaba descalzo. Sus ojos estaban muy abiertos. El abogado del capitán Acosta Arévalo le preguntó si había sido torturado y él asintió con la cabeza", denuncia el informe.

Al verlo, el juez pidió que fuera trasladado de inmediato a un hospital. Llegó sin signos vitales, según un registro médico al que la ONU tuvo acceso.

Un día después, el ministro de la Defensa anunció la muerte al decir que una vez que fue presentado en el tribunal "se desmayó". Decía que había fallecido a pesar de recibir atención médica.

La misión tuvo acceso a los resultados de la autopsia. La causa de muerte había sido un edema cerebral grave por insuficiencia respiratoria aguda debido a la descomposición muscular causada por un politraumatismo generalizado.

El 30 de junio de 2019, el Ministerio Público acusó a dos militares de bajo rango por el asesinato del capitán. Fueron los únicos arrestados en este caso.