Lleva ese nombre por ser parte de la Sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA en inglés) desde 1996. El programa permite que agencias del orden estatales y locales firmen acuerdos de cooperación con el ICE para aplicar las leyes federales de inmigración.

Esa colaboración debe ser acordada de forma individual a través de un memorando de entendimiento, en el que se especifican las responsabilidades que asumirán agentes locales en materia migratoria.

Hasta diciembre, sólo había dos modelos vigentes para esta cooperación. En el primero, conocido como el modelo de aplicación de la ley migratoria en cárceles (Jail Enforcement Model o JEM, por su sigla en inglés), se autoriza a las autoridades de prisiones locales o estatales para identificar e interrogar a inmigrantes arrestados por cargos estatales y locales sobre su estatus migratorio. Además, les permite mantenerlos arrestados hasta por 48 horas en sus instalaciones para que la custodia pueda ser transferida a ICE una vez que cumplan su condena.

En el segundo, conocido como el modelo de aplicación de la ley migratoria por funcionarios (Warrant Service Officer o WSO, por su sigla en inglés), la agencia federal acepta entrenar a oficiales estatales o locales para que puedan ejecutar órdenes administrativas como agentes migratorios. A diferencia del primer modelo no autoriza al funcionario a consultarle al inmigrante sobre su estatus migratorio.

ICE reporta que hasta el 24 de febrero había firmado acuerdos JEM con 60 agencias en 16 estados y acuerdos WSO con 80 agencias del orden en 12 estados. Según el American Immigration Council, la cifra de acuerdos bajo el modelo JEM era igual en diciembre de 2024; bajo el WSO, en ese mismo mes ICE había alcanzado memorandos con 75 agencias en 11 estados.

Según una base de datos de ICE, fue el 30 de enero de 2025 cuando la agencia reanudó los acuerdos Task Force. Lo firmó con la Oficina del Fiscal General de Texas.

ICE lo define como un “multiplicador de fuerza” a través de la cooperación con agencias policiales que puedan hacer cumplir la autoridad migratoria durante sus tareas de rutina.

Un modelo del memorando de entendimiento explica que los funcionarios de la agencia deben completar un entrenamiento sobre asuntos administrativos, legales y operacionales que cumplen los agentes de inmigración para poder ejecutar sus funciones.

Después de eso, tienen el poder para interrogar a cualquier extranjero “o persona que crean que es un extranjero” sobre su estatus migratorio. Les permite además arrestar sin una orden a cualquier extranjero que esté entrando al país o intentando entrar al país por puntos no autorizados y llevarlo a un interrogatorio ante un oficial de inmigración. También les autoriza a ejecutar órdenes de arresto por violaciones de inmigración y a completar el registro y procesamiento de la persona detenida, incluyendo la toma de sus huellas digitales, fotos y entrevistas.

Un memo de ICE de 2012 pausó el uso de este tipo de colaboración dentro del programa 287(g) bajo el argumento de que había otros programas “que hacían un uso más eficiente de los recursos al enfocarse en casos prioritarios”.

En ese entonces estaba en auge otro programa de colaboración entre las agencias federales y locales llamado Comunidades Seguras, que consistía en una enorme base de datos manejada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) que permitía a los agentes locales establecer el estatus migratorio de cada persona detenida al momento de su arresto. Si la prueba biométrica mostraba que la persona no tenía estatus legal de permanencia, la colocaban en la lista de individuos deportables.

Fueron programas fuertemente cuestionados por organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes. American Immigration Council detalló en un informe que los modelos del programa 287(g) en general han sido costosos para las localidades que entran en los acuerdos, han puesto en la mira a personas sin o con pocos antecedentes criminales, y han afectado las relaciones entre las policías y comunidades locales.

El modelo de Task Force en específico abrió la puerta a potenciales violaciones a los derechos constitucionales de las personas y de leyes federales, como fue evidenciado en 2011 en una investigación de tres años del Departamento de Justicia (DOJ en inglés) a la oficina del alguacil Joe Arpaio en el condado Maricopa, en Arizona. En su tiempo, Arpaio era conocido como "el alguacil más duro de Estados Unidos" por su tratamiento de la inmigración indocumentada.

Documentos de esa época ya no aparecen disponibles en la web del DOJ, que detalla haber sido revisada tan reciente como este febrero. Sí figura todavía un comunicado sobre una posterior y amplia demanda en la que el DOJ alegó que el alguacil Arpaio, su oficina y el condado Maricopa incurrieron en prácticas discriminatorias en contra de latinos: le violaron sus derechos constitucionales en paradas de tránsito, en detenciones ilegales relacionadas con esas paradas de tráfico, y en detenciones ilegales durante redadas a casas y lugares de trabajo.

Otra investigación del DOJ halló en 2012 un patrón similar de discriminación contra latinos por parte de la oficinal del alguacil Terry Johnson en el condado Alamance, en Carolina del Norte.

“El patrón sistemático de racial profiling de la oficina del alguacil del condado Alamance viola la Constitución y las leyes federales, crea desconfianza entre la policía y la comunidad, y hace que las personas dejen de reportar crímenes y de cooperar con investigaciones criminales”, dijo en ese entonces Thomas Pérez, el encargado en ese momento de la división de derechos civiles del DOJ.

Los agentes de Alamance pararon de cuatro a 10 veces más a conductores latinos que a no latinos en las calles más transitadas del condado; montaron puntos de revisión en entradas de vecindarios latinos y obligaron a sus residentes a pasar por ellos para poder ingresar o salir de sus barrios, halló la investigación del DOJ.

En puntos de revisión en carreteras, los agentes también examinaban únicamente las identificaciones de conductores latinos y a los de otras etnias los dejaban pasar sin mayor escrutinio. Eran pedidos expresos de la alta jerarquía de la oficina del alguacil, agregó la pesquisa.

Una investigación de Migration Policy Institute reveló en enero de 2011 los resultados que mostraban hasta ese momento los tres modelos del programa 287(g). Ese análisis es clave porque ofrece una comparación de los tres modelos, dado que el modelo de Task Force fue pausado al año siguiente.

“Contrario a la percepción pública, el 287(g) es casi en su totalidad un programa que opera en las cárceles. En los primeros 10 meses del año fiscal 2010, el modelo enfocado en cárceles representó 90% de las órdenes de detención emitidas (...) mientras que el modelo de Task Force (representó) apenas 2%”, halló el instituto.

En ese período, el modelo enfocado en cárceles produjo 37,578 de las 39,772 peticiones a autoridades locales para transferir la custodia de una persona a ICE o detainers registradas. El modelo de Task Force, solo 831.

Esto, explicó, se debe a que los procesos de revisión de las cárceles son más eficientes: los agentes en las cárceles pasaban casi todo su tiempo revisando los estatus migratorios y emitiendo órdenes de detención de ICE, mientras que los agentes del modelo Task Force dedicaban buena parte del tiempo a patrullajes no relacionados con la inmigración.