La iniciativa implica a las administraciones de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y de cada uno detalla los males que infirieron al país.
Durante el Gobierno de Salinas de Gortari (1988-1994), según el documento, fue cuando crecieron más las diferencias económicas y sociales entre ricos y pobres.
Luego, con Ernesto Zedillo (1994-2000), asegura que "adjudicó al conjunto de los mexicanos deudas privadas por un monto de 552,000 millones de pesos (26,200 millones de dólares actuales) en el marco del 'rescate bancario' de 1998".
A Vicente Fox (2000-2006) lo acusa de intervenir "indebida e ilegalmente en el proceso electoral a fin de impedir el triunfo de la oposición", es decir, del propio López Obrador, quien sostiene en ese entonces que se cometió contra él un fraude electoral.
El presunto beneficiado de ese fraude fue Felipe Calderón (2006-2012), señalado en el documento por "embarcar al país en una estrategia militar supuestamente orientada a 'combatir el narcotráfico' que exacerbó la violencia y multiplicó las zonas del territorio nacional bajo control de las bandas delictivas".
Por último, la carta de López Obrador señala a Peña Nieto (2012-2018) por recibir "grandes cantidades de dinero de procedencia desconocida en la campaña presidencial" y por su implicación en sobornos tanto en el caso Odebrecht como en la reforma energética.
El primer paso lo dio AMLO enviando la iniciativa al Senado y este luego debe entregarlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El trabajo de la Corte es establecer la constitucionalidad de la consulta, así como la de su pregunta:
"¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?"
Si la iniciativa es aprobada, ambas cámaras del Congreso tendrán que aprobar por mayoría y sin modificaciones el dictamen emitido por la Suprema Corte para que el Instituto Nacional Electoral (INE) convoque la consulta. Por el contrario, si la Suprema Corte la considera inconstitucional, la consulta se archivará como asunto definitivamente concluido.
El magistrado de la Suprema Corte de Justicia de México, Luis María Aguilar, propuso en un proyecto publicado este jueves declarar "inconstitucional" la consulta popular.
"El objetivo de la consulta popular debe considerarse inconstitucional, pues la materia que se solicita consultar, de acuerdo con su diseño y contenido, conlleva en sí una restricción de los derechos humanos", expresó el magistrado, encargado de analizar la constitucionalidad de la propuesta.
Aguilar también plantea que la forma en que se redactó la pregunta, al permitir identificar a quienes la consulta propone investigar, “puede vulnerar la presunción de inocencia de las personas que ejercieron el cargo de Presidente de la República en periodos pasados”.
Como respuesta, en la conferencia de prensa de esta mañana, López Obrador se pronunció contra el proyecto del juez Luis María Aguilar y pidió esperar a que resuelva el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Indicó que los argumentos del ministro son los mismos que manejó desde el principio el expresidente Felipe Calderón.
“Hay que esperarnos porque no sólo interviene un ministro. Eso es lo que manejó desde el principio Felipe Calderón, yo opino distinto, pero mejor vamos a esperar a que el Pleno de la Corte resuelva”, dijo.
El mandatario pidió a los integrantes de la SCJN que actúen con apego estricto a la ley, con criterio y que no se dejen intimidar. Además, los llamó a tomar en cuenta las leyes que rigen al país.
La iniciativa llegó al Senado mexicano para su revisión justo un año antes a unos comicios federales de 2021, cuando 15 estados elegirán nuevo gobernador y toda la Cámara de Diputados será renovada. Precisamente, López Obrador plantea en el documento que la consulta para investigar y sancionar a expresidentes se dé el mismo día de esas elecciones, el 6 de junio.