La Ley de Conteo Electoral de 1887 es una ley federal es parte de los procedimientos establecidos en la Constitución para el conteo de votos electorales tras una elección presidencial.
La Ley fue promulgada por el Congreso en 1887, diez años después de las disputadas elecciones presidenciales de 1876, en las que varios estados presentaron listas de electores rival al Congreso le tomó semanas resolver el problema.En 1880 y 1884 se presentaron nuevos comicios cerrados, y nuevamente se presentó la posibilidad de que, sin un procedimiento de conteo formal, las facciones en el Congreso podrían forzar un resultado distinto al obtenido en el Colegio Electoral.
El texto se enfoca en lo que sucede después de que los estadounidenses votan y establece el proceso que utiliza el Congreso para certificar los votos del Colegio Electoral presentados por los estados.
La ley minimiza la participación del Congreso en las disputas electorales y asigna esa responsabilidad a los estados, estableciendo plazos y procesos que deben seguir para resolver disputas, certificar resultados y enviar los resultados al Congreso.
El Congreso solo pude intervenir en un número limitado de disputas, como si un gobernador ha certificado dos listas diferentes de electores o si un estado no certifica sus resultados según los procedimientos legales.
Las disposiciones centrales de la ley no han sido seriamente puestas a prueba en una elección disputada.
Desde que se promulgó el proyecto de ley, algunos han dudado de que la ley pueda obligar a un futuro Congreso, porque este puede establecer sus propias reglas de procedimiento si una mayoría simple de la Cámara de Representantes y el Senado establecen nuevas reglas para la sesión conjunta que recibirá los resultados del Colegio Electoral.
La ley ha sido criticada desde que se promulgó, por ser vaga, en un texto considerado difícil de entender, de acuerdo con especialistas legales.
Algunos dicen que la vaguedad de la ley es lo que permitió a Trump y sus asesores insistir en que el vicepresidente Mike Pence podía alterar los resultados de las elecciones de 2020 y rechazar los votos provenientes de varios estados que el derrotado expresidente aseguraba, sin fundamento, que le habían sido robados mediante un fraude que nunca ha logrado demostrar.
Aunque Pence, políticos y muchos expertos en derecho electoral rechazan que el vicepresidente, en su calidad de presidente del Senado, tenga esa potestad, lo sucedido el 6 de enero de 2021 con el asalto al Capitolio y la campaña del presidente para culpar a quienes fuera su segundo en la Casa Blanca de no haber usado su poder para “impedir el fraude” ha llevado a algunos senadores a pensar que es necesario actualizar y fortalecer la ley.
El expresidente Trump asegura que esa iniciativa de los senadores demuestra que él estaba en lo cierto cuando dijo que Pence podía alterar los resultados y nombrarlo a él ganador. Recientemente, el exmandatario presentó un comunicado en el que, al insistir sobre la disputada teoría, dejó claro que su fin era cambiar el resultado de unas elecciones que había sido certificadas por cada estado.
Hay dos grupos trabajando el Senado para hacerle ajustes a la Ley de Conteo Electorales. Hay uno bipartidista encabezado por la senadora republicana Susan Collins, y otro demócrata que encabezan Amy Klobuchar y Dick Durbin
Este último ha presentado un borrador de propuesta con una serie de disposiciones, la más importante de las cuales busca aclarar que el vicepresidente no tiene la autoridad para rechazar la lista de electores certificados que haya presentado un estado.
Además, quieren que quede especificado los motivos para objetar los resultados del Colegio Electoral o la lista de electores y ampliaría los mínimos para que el Congreso, en reunión conjunta, considere esas objeciones, que actualmente pueden hacerse con el voto de un representante y al menos un senador.
Los senadores quieren que se de a los estados tiempo adicional para completar recuentos y los litigios que puedan surgir, pero al mismo tiempo limitar los procesos de revisión legal para para garantizar que los electores designados por un estado reflejen los resultados del voto popular y no puedan ser alterados en cortes legales.
Aunque los intentos demócratas para reformar las leyes del voto federales se vieron obstruidos por la negativa de los republicanos, en esta instancia parece haber el suficiente consenso como para lograr que sea aprobada.
En ambos partidos hay interés en actualizar el código
"Creo absolutamente que pasará. Ahora, habrá algunas personas que digan que no es suficiente. Habrá algunas personas que digan que es más de lo que deberíamos hacer o que no lo necesitamos. Y lo que haremos es intentar para reunirlos a todos", dijo el senador demócrata por Virginia Occidenta Joe Manchin en entrevista con CNN.
Sin embargo, no está claro todavía si el liderazgo demócrata en el Senado va a aceptar una propuesta de reforma de la ley, sin que se hayan aprobado las legislaciones más ambiciosas a las que aspiraban.
Recientemente, en su ronda diaria con los medios, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró que, aunque la administración de Joe Binde no está en contra de que se actualice la ley “no se trata de un sustituto para la legislación sobre derecho al voto”.