Daniel Lewis Lee tenía 47 años, y era originario de Oklahoma. Fue acusado y condenado por la tortura seguida de muerte de una familia en Tilly, una zona rural de Arkansas, en 1996. Los fallecidos fueron William, Nancy, y su hija de 8 años, Sarah Powell. Chevie Kehoe, presunto líder supremacista blanco, contactó a Lee en 1995 para su organización. Dos años más tarde, fueron arrestados por los asesinatos en Tilly. En el juicio en 1999, los fiscales dijeron que ellos robaron armas y $ 50,000 en efectivo a la familia como parte de su plan para fundar una nación solo para blancos en el noroeste del Pacífico. Los fiscales dijeron que Lee y Kehoe torturaron a la familia, sellaron bolsas de basura en sus cabezas y luego arrojaron los cuerpos a un pantano con piedras para que se hundieran. Los abogados de Lee han alegado que la pena no es justa porque él fue supuestamente reclutado por Kehoe, quien recibió una condena de prisión de por vida.

Según detalla la agencia AP, el funcionario a cargo en el procedimiento de la ejecución preguntó por teléfono, como manda el protocolo, si había algo que impidiera la ejecución. En una pequeña sala con azulejos verdes y ventanas que dan a las salas de testigos, dentro de la prisión federal, el funcionario entonces dio orden de proseguir. "No lo hice", dijo Lee. "He cometido muchos errores en mi vida, pero no soy un asesino". Sus últimas palabras fueron: "Estás matando a un hombre inocente". Lee estaba en la cámara de ejecución con dos hombres del Buró de Prisiones y tenía un oxímetro de pulso en un dedo de su mano izquierda, para controlar su nivel de oxígeno. "Respiró hondo antes de ser inyectado con la droga y movió las piernas... mientras se le administraba la droga, levantó la cabeza para mirar a su alrededor", describe la agencia. Uno de los altos funcionarios de la prisión anunció la hora de la muerte de Lee, las 8:07 am ET, "y se cerró el telón" de la sala.

Los delitos en EEUU pueden ser juzgados en tribunales federales o estatales. Un delito se convierte en federal cuando, o viola códigos legales nacionales, o cuando el individuo lleva a cabo los crímenes en distintos estados. Los fraudes al fisco, electrónicos, tráfico de drogas, por ejemplo, son de naturaleza federal. Algunos delitos contra el gobierno, como acciones destinadas al derrocamiento del gobierno, también son federales mientras que otros se convierten en federales por la gravedad, ante los cuales el Departamento de Justicia (DOJ) presenta cargos. En el caso de Lee, la condena en 1999 fue por varios delitos que incluyeron tres cargos de asesinato cometidos como parte de un crimen organizado, algo considerado delito federal.

La decisión de avanzar con la ejecución de Lee ,y otras dos programadas para esta semana a otros reos condenados por asesinatos en Iowa, Kansas y Missouri, hizo que organismos de derechos civiles criticaran la decisión. Pero en este caso, fueron también los familiares de las víctimas de Lee quienes demandaron para tratar de detener la ejecución, alegando preocupaciones sobre la posibilidad de su asistencia durante la pandemia de coronavirus que está alcanzando picos en cárceles en todo el país. La ejecución de Lee se realizó luego de demandas que terminaron en la Corte Suprema que intervino este martes con un fallo de 5-4 en la madrugada que permitió avanzar. El fiscal general William Barr dijo que el DOJ tiene el deber de cumplir las sentencias impuestas por los tribunales y proporcionar un cierre para las familias afectadas. Pero los familiares de los asesinados por Lee en 1996 se opusieron a esa idea. "Esto no se hace en nuestro nombre; nosotros no queremos esto", dijo la familiar Monica Veillette. La familia buscaba que Lee obtenga la misma cadena perpetua que recibió el otro acusado, Kehoe.

Las ejecuciones de esta semana, la de Lee fue la primera desde 2003, han generado un nuevo debate sobre la justicia penal en medio de la campaña para elecciones presidenciales. Los críticos argumentaron que la administración de Donald Trump estaba creando una urgencia falsa con estas ejecuciones para obtener ganancias políticas en medio de la creciente reprobación por el manejo de la pandemia que en EEUU se ha cobrado la vida de más de 136,000 personas. Una de las abogadas de Lee, Ruth Friedman, dijo que era "vergonzoso que el gobierno considerara apropiado llevar a cabo esta ejecución durante una pandemia... y es más que vergonzoso que el gobierno, al final, haya llevado a cabo esta ejecución a toda prisa". Pero Barr dijo: "Lee finalmente enfrentó la justicia que merecía. El pueblo estadounidense ha tomado la decisión considerada de permitir la pena capital para los crímenes federales más atroces, y hoy se hizo justicia al implementar la sentencia por los horribles delitos de Lee".

Desde que la pandemia forzó cierres y cuarentenas en todo el país a mediados de marzo, hubo solo dos ejecuciones estatales, una en Texas y otra en Missouri, según el Centro de Información de Pena de Muerte. Las ejecuciones a nivel federal son poco comunes. El gobierno federal ha ejecutado a solo tres acusados desde que restableció la pena de muerte federal en 1988. El último fue en 2003, Louis Jones Jr, un militar ejecutado por el secuestro, violación y asesinato de Tracie McBride, una joven mujer soldado en 1995. En 2014, una fallida ejecución estatal en Oklahoma provocó que el presidente Barack Obama ordenara una revisión de la pena capital y las drogas inyectables para la inyección. El fiscal general dijo que la revisión se había completado, lo que permitió reanudar las ejecuciones. Aprobó un nuevo procedimiento para inyecciones letales que reemplaza la combinación de tres drogas utilizada anteriormente en ejecuciones federales con una sola, el pentobarbital. Esto es similar al procedimiento utilizado en varios estados, incluidos Georgia, Missouri y Texas.