El 12 de marzo de 2015 murió Rodolfo González, conocido como “El Aviador”, en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). González se suicidó en su celda, informaron familiares y abogados que posteriormente denunciaron que el piloto comercial de 63 años sufrió “torturas psicológicas”. 

El ministro de Relaciones Interiores de la época, Miguel Rodríguez Torres, justificó la detención de González un mes antes, acusándolo de ser el “articulador logístico” de las protestas enfrentadas por Maduro en 2014, que arrojaron un saldo de 43 muertes. 

Casi tres años después de este hecho, el 14 de marzo de 2018, Rodríguez Torres fue encarcelado, también bajo cargos de conspiración, y hoy su defensa señala que padece abusos y malos tratos por parte de sus antiguos camaradas.

El concejal del partido Primero Justicia (PJ), Carlos Andrés García, falleció en los calabozos del Sebin el 18 de marzo de 2017. “Estando detenido ilegalmente a Carlos Andrés le dio un ACV (accidente cerebro-vascular) y le fue negada cualquier tipo de atención médica”, indicó la dirección de PJ a través de su cuenta en Twitter. 

García, de 44 años, había sido detenido en diciembre de 2016, luego de que las autoridades chavistas lo acusaran de promover las protestas violentas que se desataron en el estado Apure, fronterizo con Colombia, por la decisión de eliminar el billete de 100 bolívares del cono monetario. 

García había sido beneficiado con una medida de arresto domiciliario pero el Sebin jamás acató esta orden y el político murió tras las rejas.

El 8 de octubre de 2018 ocurrió un crimen que marcó un punto de inflexión en la historia reciente de Venezuela. Ese lunes las autoridades chavistas informaron que el concejal del  partido Primero Justicia, Fernando Albán, se había suicidado al lanzarse desde el décimo piso de la sede del Sebin en Caracas. 

La oposición venezolana rechazó la declaración del oficialismo y acusó al régimen de Maduro de haber torturado y asesinado a Albán, de 56 años, tras mantenerlo desaparecido por 72 horas en el marco de la investigación sobre el supuesto intento de magnicidio sufrido por Maduro el 4 de agosto de 2018. 

El diputado opositor Rosmit Mantilla, quien también estuvo preso en el Sebin y hoy se encuentra en el exilio, comparó el caso de Albán con el de “El Aviador”. “Es imposible que el concejal Fernando Albán se quite la vida en la torre del Sebin. Fue asesinado y torturado. Desde que fui liberado lo advertí. La tortura es política de Estado para Nicolás Maduro. La tortura es la compañera de celda de los presos políticos en el Sebin”, sentenció Mantilla.

El 21 de marzo la Organización de Estados Americanos (OEA) escuchó el testimonio y observó los videos presentados por el teniente Ronald Dugarte, antiguo funcionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) que desertó de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en señal de repudio ante “tantas atrocidades, prisioneros que no se les brinda de forma automática servicios médicos y torturados”. 

“Un prisionero me contó sobre las descargas eléctricas en diferentes partes del cuerpo, la asfixia con plásticos o el colgamiento con la cabeza hacia atrás”, relató Dugarte. 

“Tengo conocimiento de diferentes centros de torturas dentro de unidades militares ubicadas en Fuerte Tiuna (sede del Ministerio de Defensa) y en lugares clandestinos, de los cuales solo conocen su ubicación el personal de la milicia cubana y los colectivos, que son paramilitares”, agregó el teniente ante la OEA.

Tres días antes de que se conociera la muerte del capitán de corbeta de la Armada Rafael Acosta Arévalo, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó en su programa de televisión que el capitán de corbeta de la Armada de 50 años y otros militares y policías detenidos por la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) estaban “a buen resguardo de las autoridades, declarando, sumando lo que tengamos que sumar” en la investigación de una presunta conspiración. 

La defensora de Derechos Humanos y embajadora del presidente interino, Juan Guaidó, ante la República Checa, Tamara Suju, reveló en su cuenta Twitter que Acosta Arévalo “llegó a tribunales en silla de ruedas, presentando graves signos de torturas. No hablaba, sólo pedía auxilio a su abogado. No entendía ni escuchaba bien. Le pedían ponerse en pie, pero no podía moverse”. 

En su comunicado oficial, el Ministerio de Defensa reconoce que el oficial “se desmayó” en pleno tribunal y fue trasladado a un hospital militar, donde murió. El fiscal designado por el régimen chavista, Tarek William Saab, ya ordenó la detención de dos oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana por este hecho.