La fallida operación que el gobierno de México ejecutó en octubre para capturar a Ovidio Guzmán, uno de los hijos de 'El Chapo', no solo puso en ridículo la estrategia del gobierno de AMLO en la lucha contra el narco, sino que demostró nuevamente la capacidad de fuego de los grupos del crímen organizado, en este caso el cártel de Sinaloa.
Las autoridades dijeron haber recuperado de la escena del enfrentamiento en Culiacán una ametralladora Browning M2 similar a las que usan las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, rifles Barrett calibre 50 capaces de derribar helicópteros, armas de guerra tipo AR-15 y múltiples chalecos antibalas.
Según la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el 70% de las armas recuperadas por los agentes mexicanos entre 2011 y 2016 provenían de EEUU y habían sido compradas de manera legal en ese país.
Luego del operativo —que dejó 14 muertos— Trump se comprometió a frenar el tráfico de armas a través de la frontera sur. Pero expertos consultados por Univisión Noticias consideran que su promesa fue "insincera".
"Esta administración ha sido muy favorable con las fuerzas pro-armas en EEUU como la Asociación Nacional del Rifle (NRA) y no ha hecho esfuerzos serios para frenar la producción y la venta", dice el experto en narcotráfico y profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Diego (California).
Los vendedores de armas de alto impacto, dice Shirk, están más concentrados en la venta en estados fronterizos como Texas y Arizona que en cualquier otra parte del país, precisamente por "la alta demanda de grupos criminales de México y otras partes de América Latina", que las obtienen principalmente en estos puntos.
Mientras en todo México solo existe una tienda de armas y las regulaciones para adquirirlas son extremadamente restrictivas, en EEUU el número de tiendas supera la cantidad de McDonald´s y cafeterías, con unos 65,000 establecimientos. Las restricciones son mucho menores que en el país vecino.
EEUU, dicen los expertos consultados, también fue un actor fundamental en la progresiva militarización de las organizaciones criminales mexicanas, pues ayudó al gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) en su 'guerra contra el narcotráfico', una cruenta ofensiva que impulsó a los criminales a agenciarse más armamento para responder al golpe de las autoridades.
En el éxito de los cárteles mexicanos, EEUU también es señalado por no actuar con suficiente firmeza para mitigar las adicciones en la población, lo que garantiza a los narcos un lucrativo mercado para la venta de estupefacientes.
EEUU es el principal consumidor de drogas en el hemisferio. Más de 20 millones de estadounidenses son adictos al menos a una sustancia, según el Addiction Center de ese país. Desde 1990 las muertes por sobredosis aquí se han triplicado, y el problema tiene mayor incidencia en personas entre los 18 y los 25 años.
Pero el país no parece tener una estrategia bien coordinada para considerar las adicciones como un tema de seguridad pública y hacer frente a un problema que le cuesta a la economía estadounidense unos US$600,000 millones cada año.
El sistema de Salud de EEUU no tiene como prioridad la rehabilitación y la prevención del consumo de drogas, algo que Shirk afirma "no es privativo del gobierno de Trump, sino que se remonta a los años 70".
Mientras una administración tras otra se concentra en la lucha contra los narcotraficantes, nadie parece prestarle suficiente atención a la demanda.
Guadalupe Correa-Cabrera, profesora experta en delincuencia organizada y narcotráfico en la Universidad de George Mason (Virginia), opina que la prohibición del consumo también ha ayudado a apuntalar a los cárteles, creando mercados muy lucrativos.
"Cuando una actividad es ilegal, los precios suben", dice. Y agrega que los criminales mexicanos ven a EEUU como un poderoso cliente por el "alto poder adquisitivo de las personas, que son un gran incentivo para los vendedores".
Las instituciones financieras con sede en EEUU tienen un papel esencial en el lavado y transferencia hacia México de las ganancias de los grupos del crimen organizado.
Sin ese flujo de dinero, dice Shirk, "no les sería posible organizarse y corromper al gobierno en México".
El dinero es el propósito y es el fin de toda actividad ilícita en el mundo narco y EEUU tiene los mecanismos para identificar flujos ilícitos de dinero y castigar a las instituciones financieras que participan en estos crímenes.
Sin embargo, señalan los expertos, hay actores muy poderosos de por medio y el dinero de los narcos "es un gran negocio para estas compañías".
En 2012, el banco europeo HSBC con sedes en EEUU accedió a pagar casi US$2,000 millones en multas al gobierno federal luego de comprobarse que lavó US$881 millones para el cártel de Sinaloa y una organización colombiana similar, llamada Norte del Valle, según el Departamento de Justicia.
"Ese dinero es nada comparado con los miles de millones (se estima que entre US$5,000 y US$10,000 millones) que HSBC procesa para enviar a México cada año. Y no se trata solo de este banco", dice Shirk, quien agrega que el gobierno tiene que establecer regulaciones y penalidades más severas para las instituciones financieras que participan en el lavado de dinero.
“Mientras EEUU envía a un narco a la cárcel por 10 o 20 años, un banquero o financiero solo llega a cumpir uno o dos años”, acota.
"Hay una falta de atención en EEUU a lo que es la 'sangre de vida' de estas organizaciones: el dinero. Si no se atacan sus finanzas, no se les podrá debilitar".